El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha implementado una modificación significativa en la Constitución local que podría alterar la dinámica de la propiedad privada en la capital. El 2 de septiembre de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial una reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, la cual alinea el respeto a la propiedad privada con las disposiciones del artículo 27 de la Constitución mexicana Este cambio otorga al Estado mayores facultades para imponer restricciones a la propiedad privada en nombre del interés público.
El artículo 27 establece que:
La propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la Nación, que puede transmitir estos bienes a particulares. La Nación podrá expropiar las propiedades por causas de utilidad pública, siempre que se indemnice a los propietarios.
Con esta reforma, el artículo 3 de la Constitución local ahora menciona lo siguiente:
El respeto a la propiedad privada se presentará en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto podría traducirse en un mayor control gubernamental sobre los bienes inmuebles en la Ciudad de México, permitiendo expropiaciones o la imposición de nuevas regulaciones si el gobierno considera que estas acciones son necesarias para el bien común.
Martí Batres justificó esta medida como un paso crucial para asegurar que la propiedad privada esté alineada con las necesidades y prioridades del interés colectivo. En sus declaraciones, Batres expresó:
Ante la falta de claridad estamos en riesgo, en cualquier momento, de que el actual Poder Judicial, en algunas de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución.
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